Carta Abierta al Concejo Municipal de Kansas City, al Alcalde y al Administrador de la Ciudad





Impactos psicológicos y emocionales







Febrero 4, 2026


Liderazgo de Frontier Schools, miembros de la Junta, docentes,
padres de familia y miembros interesados de la comunidad


Estimados miembros de la comunidad:


Esta carta se escribe desde una profunda preocupación, frustración y decepción. En enero de 2026, el Concejo Municipal de Kansas City aprobó una ordenanza que cambió la ubicación de una instalación de detención permanente planifi cada a un sitio en Front Street, colocando la instalación aproximadamente a 3,000 pies de múltiples campus de Frontier Schools. Esta decisión fue presentada y adoptada el mismo día, sin una notifi cación signifi cativa ni participación de las escuelas afectadas, educadores, padres de familia o comunidades circundantes, a pesar de que la Ciudad contaba previamente con un proceso establecido de participación comunitaria para decisiones de esta magnitud. Desde entonces, la construcción ha avanzado, dejando a las familias y a las escuelas lidiando con las consecuencias de una decisión sobre la cual no tuvieron oportunidad de opinar.


Kansas City tenía un proceso establecido de participación comunitaria con respecto a la ubicación de una instalación de detención permanente. Ese proceso existía por una razón. Fue diseñado para garantizar transparencia, participación pública y rendición de cuentas cuando se consideraban decisiones con un impacto serio en la comunidad.


Ese proceso fue ignorado.


Como resultado, ahora se les pide a niños y niñas que asistan a la escuela con una cárcel ubicada aproximadamente a 3,000 pies de sus aulas.


Esto no es un debate abstracto de política pública. No es un ejercicio técnico de zonificación. Es una decisión que afecta directamente la experiencia diaria, el bienestar y el desarrollo de estudiantes, educadores y familias.


Los padres no recibieron una notificación significativa.


Las escuelas no fueron involucradas como partes interesadas. Los docentes no fueron consultados.


A las familias no se les dio la oportunidad de expresar preocupaciones antes de que se realizara la votación y avanzara la construcción.


La ordenanza que cambió la ubicación del sitio fue presentada y adoptada con una rapidez alarmante, eliminando cualquier oportunidad razonable de conocimiento o participación comunitaria. Al hacerlo, la Ciudad anuló de hecho el mismo marco de participación que previamente se había comprometido a respetar.


Cuando el gobierno establece un proceso y luego lo ignora, el daño va mucho más allá de un solo proyecto. Erosiona la confi anza. Envía el mensaje de que la opinión de la comunidad es opcional. Y refuerza una narrativa peligrosa de que las decisiones que afectan a los niños pueden tomarse sin padres, educadores o escuelas en la mesa.


La proximidad de una instalación de detención permanente a las escuelas también presenta riesgos reales y documentados para los estudiantes, incluidos, entre otros:


● Impactos psicológicos y emocionales – La presencia de una cárcel cerca de una escuela puede normalizar el encarcelamiento, aumentar la ansiedad y afectar negativamente la sensación de seguridad y pertenencia de los estudiantes. Para niños que ya experimentan trauma, estrés o tienen familiares involucrados con el sistema de justicia, esta proximidad puede ser especialmente dañina.


● Clima escolar y entorno de aprendizaje – La investigación muestra de manera consistente que la percepción de seguridad y la estabilidad emocional son fundamentales para el aprendizaje estudiantil. Una instalación de detención cercana socava la capacidad de las escuelas para mantener un entorno educativo tranquilo, afi rmativo y apropiado para el desarrollo.


● Estigmatización y daño a la identidad – Ubicar una cárcel cerca de escuelas envía un mensaje implícito sobre cómo se perciben ciertos vecindarios y poblaciones estudiantiles. Esto es particularmente preocupante para estudiantes de comunidades históricamente marginadas, que ya enfrentan un contacto desproporcionado con el sistema legal penal.


● Riesgos de seguridad y operativos – El aumento de la actividad policial, el tráfi co de transporte y las respuestas de emergencia asociadas con una instalación de detención introducen variables que las escuelas no consintieron en gestionar y sobre las cuales no fueron consultadas.


● Confianza de las familias y consecuencias en la matrícula – Los padres cuestionan razonablemente si un entorno escolar adyacente a una cárcel se alinea con sus expectativas de seguridad y bienestar para sus hijos, lo que puede afectar la estabilidad de la matrícula y la sostenibilidad a largo plazo de las escuelas.


Las familias de Frontier ahora se ven obligadas a explicar a sus hijos por qué una instalación de detención forma parte de su entorno escolar. Los educadores deben manejar las implicaciones emocionales, psicológicas y prácticas de esa proximidad sin haber tenido voz en la decisión. Los estudiantes absorben una lección sobre qué espacios se priorizan y cuáles preocupaciones son descartadas.


Que el sitio cumpla técnicamente con los requisitos de zonificación no aborda el punto central. El problema no es solo la legalidad. El problema es la legitimidad.


El problema es el proceso. El problema es la confianza.


Un proceso de participación comunitaria que existe solo cuando es conveniente no es participación en absoluto. Por lo tanto, solicitamos a la Ciudad de Kansas City que tome de inmediato las siguientes acciones:


1. Pausar la construcción de la instalación de detención permanente para permitir un proceso genuino, transparente e inclusivo de participación comunitaria con las escuelas afectadas, familias, educadores y residentes del vecindario.


2. Si la construcción no se detiene, comprometerse de inmediato a negociar un Acuerdo de Benefi cios Comunitarios vinculante con Frontier Schools y la comunidad circundante. Como mínimo, dicho acuerdo debe incluir:


a. Inversiones dedicadas a la salud mental estudiantil y servicios de consejería


b. Recursos para la seguridad escolar, infraestructura y mitigación ambiental


c. Protocolos de comunicación continua entre la Ciudad, la instalación y las escuelas


d. Medidas claras de rendición de cuentas y mecanismos de cumplimiento


e. Supervisión comunitaria estructurada y participación garantizada de manera continua


3. Reconocer públicamente la falla en el proceso de participación y delinear pasos concretos que la Ciudad tomará para garantizar que las decisiones que impactan a niños, escuelas y entornos educativos nunca vuelvan a tomarse sin que esas comunidades estén presentes en la mesa.


Nuestros niños merecen algo mejor que explicaciones después de los hechos.


Nuestras escuelas merecen respeto como pilares de la comunidad.


Nuestras familias merecen un gobierno que honre sus propios procesos.


Gracias por su atención a este asunto.
Atentamente, Edgar Palacios,
MBA Fundador y Director Ejecutivo Revolución Educativa